El Derecho y el discurso jurídico desempeñan un papel central en la configuración de las relaciones de poder. Para imponerse, una actuación policial o un programa de ajuste económico necesitan de la fuerza. Pero también de su capacidad para apelar al Derecho, a la legalidad, como fuente de justificación.

Tras la derrota del fascismo, la legalidad que los propios estados invocan en sus actuaciones se ha vuelto exigente. Se ha enriquecido con tratados, constituciones y cartas que reconocen derechos humanos y principios garantistas. Estos principios entrañan límites y controles a poderes de todo tipo, públicos y privados, de Estado y de mercado.

Los textos que componen este libro intentan mostrar cómo, en tiempos de crisis y movilizaciones, esta legalidad garantista se convierte en un espejo incómodo. Porque refleja la arbitrariedad jurídica, además de ético-política, de muchas actuaciones del poder realizadas en nombre del Derecho. Pero también porque permite juzgar de otro modo los actos de protesta y de desobediencia ciudadana que se alzan contra ellas. No ya como actos delictivos, objeto de criminalización, sino como herramientas legítimas, incluso necesarias, para forzar al poder a cumplir su propia legalidad y para fundar marcos jurídicos más igualitarios y libres de violencia.