En los inicios del siglo XXI, las nuevas tecnologías y la globalización han reducido hasta tal punto el margen de actuación de los gobiernos nacionales que éstos han perdido buena parte de su poder tradicional y e sus objetivos sociales. En estas condiciones, el Estado ha sido sustituido por una partidocracia y en último extremo por una oligarquía económico-política. Lo que ya habían anunciado los pensadores más lúcidos del siglo pasado, hoy se ha hecho realidad. La política se ha convertido en un negocio y los partidos compiten en un mercado inspirado en el lucro personal y apoyado por la corrupción más descarnada. Lo público se ha disuelto en una gestión privada desgobernada en cuanto a intereses sociales y colectivos, pero muy rentable para los gestores.