En las aduanas argentinas hay más de un millón de libros importados que están retenidos y esto ha llevado a que el gobierno enfrente nuevas acusaciones de censura.
Pero la disputa que ha estancado los libros es comercial, no ideológica, y las editoriales son sólo sector de la economía que sufre más recientemente por las tácticas de mano dura con las que el gobierno pretende recuperar la capacidad industrial del país.
La presidenta Cristina Fernández no mencionó la polémica de los títulos importados al inaugurar la noche de jueves el Museo del Libro y de la Lengua en la capital, aunque sí destacó que su gobierno busca recuperar la autonomía del país.
«El mundo va por un lado y a veces parece que nosotros vamos al opuesto. Pero eso es el camino necesario para recuperar un país que ya sabía como hacer las cosas», dijo Fernández.
Para liberar los libros de la aduana, los editores son obligados a reunirse con delegados del secretario de comercio interior Guillermo Moreno y a presentarle proyectos para cambiar su producción a imprentas locales, según un extenso artículo publicado el jueves por el diario Clarín.
Unos 1,6 millones de libros permanecen confiscados, de acuerdo con el diario.
«El sector editorial está sorprendido por la intervención prolongada que afecta el derecho básico de los ciudadanos de tener el acceso al libro como un vehículo de educación y cultura», dijo la cámara de la industria editorial en una de sus pocas declaraciones oficiales sobre la cuestión.
Los argentinos son grandes consumidores de literatura: compraron 76 millones de libros el último año, de los cuales 60 millones fueron impresos fuera del país, según fuentes del sector.
La ministra de Industria Debora Giorgi ha presentado estadísticas similares y expresó su inconformidad por el hecho de que el 78% de los libros que se consumen en el país sean importados.
Sin embargo, la cámara de editores cuestionó esa cifra y dijo que dos terceras partes de los libros vendidos en Argentina se imprimen en el país.
Por su parte el sindicato de los gráficos apoyó las medidas para incrementar la producción nacional.
«Es falso que Argentina no sea capaz de imprimir el 100% de los productos editoriales que son consumidos aquí. De hecho, no sólo puede abastecer al mercado local sino que también tiene capacidad para exportar», dijo Anselmo Morvillo, presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA), quien recordó que Argentina «era líder mundial en la exportación de libros en español».
Durante la ola de privatización en la década de 1990, muchas fábricas cerraron y el país se abrió a las importaciones para sostener el ritmo de la economía. Cuando estalló la crisis de 2001 y Argentina declaró el incumplimiento de su deuda externa, su capacidad productiva estaba en ruinas.
Una ley sancionada precisamente en 2001 permitió que la importación de libros terminados que vinieran acompañados de otros objetos, por ejemplo juguetes, estén exentos de impuestos. Los libros producidos a nivel local también están libres de impuestos, pero no los materiales con los cuales son fabricados, lo cual pone a las imprentas argentinas en desventaja.
China, Chile, Uruguay y Colombia ofrecen alternativas más económicas para imprimir que son imposibles de igualar para el mercado editorial de Argentina.
Enrique Marano, líder de FATIDA, otro sindicato de trabajadores gráficos, dijo que «apoyamos las medidas que ayuden a defender la producción nacional y los puestos de trabajo y que permitan frenar el ingreso de libros terminados que podrían imprimirse en Argentina».
Un aspecto clave de política sobre los libros importados es lograr que el «fabricado en Argentina» sea realidad otra vez.
«Una biblioteca no es solamente para juntar libros, sino para promover nuevas ideas, nuevos debates y nuevas discusiones», agregó Fernández en la inauguración mientras que recordó que Argentina «sufrió mucha agresión cultural de todo tipo».
BUENOS AIRES, 30 sep. ( MICHAEL WARREN / AP)