Los editores españoles piden un «amplio consenso político» para la nueva Ley de Propiedad Intelectual, cuyo anteproyecto, según la federación que los agrupa, tendría que entrar en el Congreso este otoño para que pueda ser aprobada antes de que acabe la legislatura.
La necesidad de una nueva regulación ante la irrupción del libro electrónico y las descargas en internet está centrando este año el Encuentro de la Edición de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, al que han sido invitados los máximos responsables de los ministerios de Educación y Cultura y de Industria y representantes de los principales grupos parlamentarios.
El objetivo es ir a ese consenso para sacar adelante la ley «rápidamente y con rigor», ha señalado hoy, en rueda de prensa, el director de la Federación Española de Gremios de Editores y de este encuentro, Antonio María Ávila, quien cree que España «se la juega como país».
Según ha explicado, no es una norma de «nueva planta» que tenga que partir de cero, porque lo que corresponde es regular «el detalle» y no principios generales, y además ya existe una estructura legal internacional que España tiene que respetar, como los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio.
El presidente de los editores, Jaime Cortés, ha insistido en que no se trata solo de la lucha de la industria cultural contra la piratería, sino de conseguir que «lo cultural sea un producto interesante», también desde el punto de vista económico.
«Necesitamos regular la cultura como objeto», ha subrayado Cortés, quien ha recordado que en el mundo analógico, cuando el soporte de los libros era solo el papel, había una cadena de valor en el mercado editorial y ahora hay que establecer otra.
Según Ávila, parece que todo lo relacionado con la cultura «se ve como una cosa simpática y que está bien» pero se olvida que es una industria con una trascendencia económica muy importante, que representa el 3,8 por ciento del PIB, un porcentaje que va en aumento, y además da trabajo a más de 700.000 personas en empleos de alta cualificación.
La industria editorial, en concreto, supone el 1,2 por ciento del PIB. Aunque las ventas han caído en el mercado español, las exportaciones han aumentado y también los libros que se producen fuera del país.
Así, ha crecido su presencia en América Latina, especialmente en Brasil, un mercado nuevo que se suma a los ya tradicionales de México y Argentina. Para el presidente de los editores, una de las posibilidades que en estos momentos de crisis se abre para el sector es apoyar «insistentemente y de manera clara» su desarrollo en el exterior.
Y a juicio de Ávila, la contribución del mundo editorial a la mejora de la situación económica de España «está fuera de toda duda», teniendo en cuenta que su aportación a la balanza comercial ha mejorado en un 11 por ciento en 2011.
Los editores atribuyen la caída de las ventas en España a un conjunto de factores: menos ventas de enciclopedias, diccionarios y otros libros de consulta ante el empuje del mundo digital, las descargas ilegales de libros y un descenso generalizado del consumo que está afectando a todos los sectores.
Mientras tanto, el libro digital no termina de despegar: entre 2009 y 2011 la oferta ha aumento en un 547 por ciento y aunque la demanda ha subido, lo ha hecho en mucho menor medida: un 41 por ciento.
Los editores confían en que la irrupción en el mercado de aparatos lectores más baratos tire de las ventas del libro electrónico, un mercado en el que sigue reinando, con un 60 por ciento del total, el libro jurídico, seguido por el de contenido educativo y la literatura, cuya facturación aumentó en 10 millones de euros.
Para los representantes del sector, no ayuda que por las descargas haya que pagar un 18 por ciento de IVA mientras que un mismo título en papel está gravado con el 4 por ciento.
Santander, 5 jul (EFE)